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Ministerio de Capital Humano ha anunciado este lunes que el martes comenzará a repartir los alimentos retenidos en los almacenes de Villa Martelli (Buenos Aires) y Tafí Viejo (Tucumán). Los alimentos habían sido adquiridos para su distribución en comedores sociales.
«En el día de hoy se procedió a firmar un convenio con la Fundación Conin y en coordinación con el Ministerio de Defensa para la repartición de los alimentos » Explicó la subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, según recoge la televisión Cadena 3.
Comienza entrega de alimentos retenidos
Para la distribución, el Ministerio ha suscrito un convenio con la Fundación Conin, dirigida por el médico ultraconservador Abel Albino, para que los alimentos sean enviados a 64 centros de distribución, a sus comedores y merenderos. El acuerdo incluye la entrega de 465.000 kilos de leche en polvo a sectores sociales vulnerables.
La entrega se realizará en un plazo dos semanas y teniendo en cuenta las fechas de caducidad de los productos. El operativo contará con la colaboración del Ejército argentino y el Ministerio de Defensa «para garantizar una logística «rápida y sin intermediarios», según el Ministerio.
La Fundación Conin se encargará certificar mediante la presentación de informes los avances periódicos y en un informe final la eficacia del empleo de los alimentos.
Firman convenio para reparto de alimentos retenidos
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el propio Albino han firmado este lunes el acuerdo para el reparto de los alimentos que había ordenado repartir el juez Sebastián Casanello.
Sin embargo, Gianni ha subrayado que la decisión del reparto no se debe a la orden judicial, sino que Pettovello lo dispuso en cuanto «tomó conocimiento la semana pasada de que había productos por vencer». «No había alimentos vencidos. Sí próximos a vencer», ha subrayado la portavoz.
Sin embargo, el informe presentado por el Gobierno al juez Casanello reconoce que hay alimentos ya caducados, como 40 kilogramos de «hortalizas y arroz» que entraron el 3 de marzo de 2023 y caducaron el 28 de febrero de 2024, y 3.792 kilogramos de yerba que llevan dos años caducados.
La orden judicial se basa en una denuncia del dirigente social Juan Grabois contra Pettovello, objeto desde hoy de una nueva denuncia por malversación, cohecho, fraude y asociación ilícita por las presuntas contrataciones irregulares de profesionales que facturaban por servicios no comprobados a través de un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos.
