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El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) de Chile anunció este viernes la expulsión de 40 ciudadanos extranjeros, quienes cometieron delitos graves o infringieron normas migratorias. Estas expulsiones, con destino a Bolivia, Colombia, Ecuador y República Dominicana, elevan el total anual a 1.016, marcando un récord en los últimos seis años.
Entre los delitos cometidos por los deportados figuran robo con intimidación, robo con violencia, porte ilegal de armas de fuego y tráfico ilícito de drogas. También se incluyeron casos de ingreso irregular al país a través de pasos no habilitados, detalló el Sermig.
Luis Eduardo Thayer, director del servicio, destacó la importancia del trabajo conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI). «Hemos alcanzado la cifra más alta de deportaciones en seis años, lo que refleja nuestro compromiso con la seguridad pública y el orden migratorio», señaló.
Realizamos un nuevo vuelo de expulsiones con destino a Bolivia, Colombia, Ecuador y Rep. Dominicana.
Durante este año, se ha expulsado a 1.016 personas extranjeras, mediante vuelos chárter y comerciales regulares.
Avanzamos por un país más seguro para todos y todas. 🇨🇱 pic.twitter.com/SvUaeRiRJp
— Migraciones Chile (@MigracionesCL) November 29, 2024
Por su parte, el prefecto inspector Christian Sáez, jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, explicó que el Plan Nacional de Fiscalizaciones ha sido clave para ubicar a personas en situación irregular. “El objetivo es detectar extranjeros que residen ilegalmente, cometen delitos o tienen órdenes de expulsión vigentes”, puntualizó.
Estas medidas se enmarcan en un contexto de crisis de seguridad que afecta a Chile desde 2021, con un aumento sostenido en la percepción de inseguridad. En respuesta, el presidente Gabriel Boric ha endurecido su postura frente a los extranjeros que infringen la ley, instando a la cooperación regional para abordar el problema.
Además, Chile reforzó su control fronterizo en 2023 con un despliegue militar en los pasos críticos con Perú y Bolivia, buscando frenar el ingreso irregular de migrantes.
Las cifras récord de deportaciones evidencian el énfasis del gobierno en vincular la seguridad con la gestión migratoria como eje central de su estrategia para garantizar el orden público.
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